Municipios del Guadalquivir y sus sectores productivos temen un terremoto económico por los vertidos mineros al río

El Guadalquivir no es lo que se dice un río sano, en eso hay un consenso generalizado. Los últimos estudios científicos alertan de la creciente presencia de metales pesados en todo el estuario interior y hasta en la desembocadura, que atribuyen a vertidos mineros de Cobre Las Cruces que se agravarán con los de Minera Los Frailes, en Aznalcóllar. Las empresas, por su parte, esgrimen certificaciones ambientales y que nunca han sido ni advertidas ni sancionadas por el Gobierno andaluz, la administración competente. Y en medio quedan los municipios ribereños y sus sectores productivos, que han empezado a asustarse de verdad con esta situación.

Por ello, este miércoles han hecho llegar al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), una carta respaldada por los plenos de diez localidades del estuario en la que exponen su preocupación por el impacto ambiental, económico y en la salud, ante lo que se reclama la creación de un comité de expertos científicos independientes que evalúe en detalle la situación. Pero como, según la misiva, hay “muchas lagunas de conocimiento” ahora mismo, exigen también que se establezca “de inmediato” una moratoria a nuevos vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir.

El escrito va respaldado por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona (gobernado por Unidos por Chipiona e IU), Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU), además de por los sevillanos de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU). Han quedado fuera Sevilla capital, gobernada por el PP, y La Algaba (PSOE), en cuyo término municipal vierte Cobre Las Cruces.

Datos frente a datos

La inquietud viene provocada, tal y como se apunta en el texto entregado a Moreno vía registro, porque desde 2008 Cobre Las Cruces ha podido verter un máximo anual de 0,9 hectómetros cúbicos de agua con metales y metaloides, lo que implica topes anuales de 360 kilos de zinc, 90 de níquel, 45 de arsénico, cobre y plomo y nueve kilos de mercurio. Si hasta 2023 se ha autorizado un máximo de 12.150 millones de litros con estos contaminantes, el nuevo proyecto de la compañía prevé 39.780 millones de litros que se sumaría a los 85.520 millones con la reapertura de Aznalcóllar (de la mano de Los Frailes). Es decir, que en los próximos 19 años se multiplicará por diez el volumen de vertido.

¿Y qué dice Cobre Las Cruces a todo esto? Pues que en todos estos años no se ha producido ningún incidente ambiental por depositar sus restos en el Guadalquivir, lo que se ha traducido en que la administración no ha tenido que intervenir ni una sola vez. El sistema de control incluye un informe de situación cada 24 horas a la Junta de Andalucía, para lo que desde 2010 se han llevado a cabo 17.400 analíticas: 13.000 de aguas, 3.500 de sedimentos y 900 de biota. Y todo ello, auditado por una empresa certificadora homologada.

Su explotación a cielo abierto terminó en 2023, pero en cuatro o cinco años activará su nuevo proyecto, que será bajo tierra. Un poco antes prevé Minera Los Frailes reabrir Aznalcóllar, que asegura que dispondrá de una potente planta depuradora y garantiza una inversión ambiental por encima de los 100 millones de euros. Aquí se incluiría la restauración integral de más de 500 hectáreas degradadas por antiguas explotaciones mineras para evitar así su contacto con el agua de lluvia, como ha ocurrido con el reciente vertido al río Agrio.

Las cifras del impacto económico

La puesta en escena para presentar la misiva ha sido ante la propia sede de la presidencia de la Junta, el palacio de San Telmo, en un acto en el que se ha dado voz a todos los actores y en el que se ha querido huir en todo momento de un enfoque político. De hecho, entre las numerosas entidades presentes –incluidas Marea Blanca y Facua– no había ningún partido político como tal, mientras que el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona), incidía que el acuerdo plenario que respalda este paso ha sido adoptado por unanimidad, incluido el PP, lo que no ha sido posible en todos los municipios.

Han estado presentes también representantes del sector agrícola (COAG), así como de las cofradías de pescadores de Cádiz y los mariscadores de Chipiona. Sus mensajes han sido de prudencia, aunque admitiendo que tienen el miedo metido en el cuerpo por el impacto que el deterioro del río pueda tener en sus actividades que, en el caso de la pesca en el Golfo de Cádiz, genera 3.500 empleos directos y 32.000 indirectos.

Los datos económicos los ha aportado Manuel Delgado, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, que ha subrayado que se pone en riesgo un tejido empresarial de unas 10.000 compañías que facturan alrededor de 120 millones de euros, al margen del impacto que pueda tener en el turismo. El sector arrocero, que tanto depende del Guadalquivir, da trabajo a 5.000 personas y genera más de 320.000 peonadas en campaña, mientras que el resto de la actividad agrícola (sobre todo la del tomate) alimenta unos 20.000 empleos.

“La mierda debajo de la alfombra”

Todo ello está en riesgo si el río mantiene su declive, del que el catedrático de Biología Jesús Castillo ha culpado en buena parte a la mina Cobre Las Cruces y sus vertidos, que estarían generando en el fondo del cauce sedimentos contaminados por metales pesados antes y después de pasar Sevilla, entre La Algaba (donde vierte la mina) y Coria del Río. Este municipio mantiene una tradicional actividad pesquera vinculada a los albures, que han sido estudiados y en el 31% de las muestras de músculo se han detectado niveles de metales superiores a los permitidos por la Unión Europea.

“Hay demasiadas incertidumbres”, ha lamentado Castillo, que ha cargado contra el Gobierno andaluz, responsable de controlar la actividad minera, al que ha acusado de mantener una “posición negacionista”. “Niega la contaminación por metales y sus efectos”, ante lo que ha reclamado que los controles “no se centren sólo en el agua porque la clave está en el sedimento”, una situación que ha resumido de manera bastante gráfica: “La Junta y la empresa están metiendo la mierda debajo de la alfombra”.

Los impulsores de la iniciativa han insistido en todo momento en un enfoque científico, económico y sobre la salud pública, huyendo de cualquier declaración ecologista y sobre todo política. Esto no impide que haya movimientos de fondo, como el de Podemos en Sevilla, que ha reclamado al alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), que se sume a esta decena de municipios y se oponga a la autorización de nuevos vertidos. Como contraste, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), volvía a reclamar de nuevo a la Junta de Andalucía “urgencia” para la autorización final de la reapertura de la mina.