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La consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, respondió el martes al requerimiento que el pasado mes de octubre le realizó el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Bogdan Rzoca, para conocer cómo estaba aplicando el Govern sus recomendaciones sobre la inmersión lingüística tras el informe resultante de la misión de investigación que visitó Cataluña en diciembre de 2023 y que reclamó un trato igualitario para el castellano y el catalán en los colegios de la comunidad autónoma, así como acabar con la «discriminación» de las familias castellanohablantes.
En una misiva a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la socialista asegura que el Departamento de Educación de la Generalitat «ejecuta las sentencias judiciales respecto al uso de las lenguas oficiales». La aserción de la consejera choca con lo ocurrido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en español en todas las escuelas de Cataluña, que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2021. Entonces, la Consejería de Educación del Govern de ERC evitó ejecutar el fallo judicial. En lugar de hacerlo, aprobó una ley para sortear la sentencia y mantener el sistema monolingüe en catalán, que contó con el apoyo del PSC, además de otro decreto para blindar su maniobra.
A día de hoy, el Tribunal Constitucional estudia la legalidad del ardid de la Consejería de Educación que contó con el apoyo parcial de los socialistas -se mostraron contrarios al decreto- y la sentencia del 25% continúa sin aplicarse en todos los colegios de Cataluña; sólo se hace efectiva en los grupos en los que estudia el hijo de alguna familia que haya reclamado individual y judicialmente su derecho a recibir más materias en español y haya vencido a la Generalitat en los tribunales.
«¿Cómo se hace cumplir la obligación de garantizar que el 25% de la enseñanza en el sistema educativo catalán se imparta en castellano?», había preguntado el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tanto a Niubó como al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la carta que les remitió en octubre.
«En Cataluña no se violan los derechos del alumnado ni de las familias, ni se discrimina por ningún motivo, incluyendo el de ser castellanohablante», sostiene también Niubó en la carta de respuesta al presidente del ente comunitario, perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
En su decimosegunda recomendación, el informe de la misión de eurodiputados que visitó las escuelas catalanas y pulsó la opinión del presidente del TSJC, además de familias que han luchado contra la inmersión en los tribunales y han sido señaladas, como la de Canet, se pide a las «autoridades autonómicas y nacionales que ayuden a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los progenitores, los niños y las familias».
Tras conocer el contenido de la respuesta del Govern, Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que impulsó la misión de los eurodiputados tras denunciar a Europa las consecuencias de la inmersión, consideró a este diario que «la carta es un acto de cinismo y falsedad del Gobierno de Cataluña». «Es una mentira, no cuenta toda la verdad. Olvida la Generalitat todas las sentencias que se han producido tanto en el TSJC como en el Supremo sobre la escuela catalana aludiendo a que está excluyendo el castellano», denunció. La AEB pedirá una reunión con el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo al considerar que la Generalitat desatiende sus directrices.